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LA VIVIENDA Y LAS COMPETENCIAS ¿ES POSIBLE CULPAR SOLO AL GOBIERNO CENTRAL? Te contamos: Las veces que el PP ha defendido (por escrito) que lo de la vivienda es competencia autonómica PARA QUE TODOS LOS RESPONSABLES RINDAN CUENTAS 👇🧵

Desde la Ley del Suelo de los tiempos de Felipe González, que el PP consiguió tumbar en gran parte en el Constitucional, los populares (y otros) han peleado una y otra vez contra el poder del Estado en materia de vivienda.

En sus recursos más recientes, el PP de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía o el Grupo Popular en el Congreso defienden que el artículo 47 de la Constitución "No atribuye al Estado competencia alguna en materia de vivienda"

La Comunidad de Madrid ha impugnado que al incluir el derecho a la vivienda en una Ley se está convirtiendo en un verdadero derecho subjetivo lo que la Constitución recoge como principio rector.

Los populares han sido muy beligerantes contra la declaración de zonas tensionadas de la Ley de 2023 por el Derecho a la Vivienda, a pesar de ser de aplicación voluntaria por las CCAA. De hecho, solo se aplica en 317 municipios de Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia

Pese al mantra de la necesidad de construir vivienda pública (donde critican con razón las 180.000 viviendas que prometió el Gobierno central y que no se han hecho), desde el PP se han dirigido contra las obligaciones de reserva de suelo para vivienda pública en alquiler.

Defienden los populares en sus recursos las competencias exclusivas de las CCAA y los municipios en materia de urbanismo y régimen urbanístico del suelo.

Desde el Grupo Popular en el Congreso, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido 1.000.000 de viviendas si llega a la Moncloa, han defendido que actuar sobre la normativa de suelo desde el Gobierno central es "una injerencia" en las competencias de las CCAA y los municipios.

La prevalencia del derecho a la propiedad privada. Si hay un principio que se mantiene frente a la intervención en precios, es la oposición desde el PP a poner límites al derecho de propiedad.

Los últimos recursos del PP han logrado que el Constitucional anule algunos de los artículos de la Ley de 2023, como el artículo 16, que ponía límites y obligaciones a la vivienda protegida.

En otros muchos, el Constitucional no les da la razón. Es el caso del artículo 27.1, que prohibe las ventas indebidas del parque público de vivienda. Esta norma responde a la venta masiva de vivienda pública realizada por administraciones del PP tras el estallido de la burbuja.